Rúbrica
La receta maldita
Por Aurelio Contreras Moreno
Una de las varias advertencias que la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
hizo sobre el manejo de las finanzas del estado de Veracruz, que apenas si
despertó un poco de interés mediático, es la referente a todos los empréstitos que
ha contratado el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a través de la Secretaría
de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La ASF explicó que Veracruz es la entidad de la República con mayor riesgo de
afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas precisamente por el elevado
monto de la deuda pública que arrastra. Pero sobre todo, por el uso que le da a
ese dinero. Por el destino que tienen esos créditos.
En la tercera y última revisión del Informe del Resultado de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública de 2020, la ASF señala que Veracruz fue la
segunda entidad del país con la mayor cantidad de obligaciones contraídas, al
solicitar créditos por 20 mil 631 millones de pesos. Lo cual no representaría
problema alguno si esos recursos se destinaran para obra y servicios públicos.
Finalmente, contratar deudas no es un delito y los instrumentos financieros son
para eso.
Sin embargo, las cosas se ponen mal cuando el dinero con el que el gobierno se
endeuda no se utiliza para inversión pública productiva, sino para “tapar hoyos”.
Esto es, para resolver problemas de falta de liquidez ante compromisos ya
contraídos e ineludibles, o peor aún, para pagar los intereses –ni siquiera el
capital- de otra deuda que se venga arrastrando.
Y justamente eso es lo que encontró la ASF en el “eficiente” –dicen ellos mismos-
gobierno de García Jiménez: su administración dedicó el 84.9 por ciento de los
recursos contratados a operaciones de refinanciamiento. O sea, a “echarle piedras
a los baches”, a intentar cubrir los “agujeros negros” de unas finanzas que se
sostienen con alfileres.
No es exageración. El órgano fiscalizador federal advirtió que Veracruz encabeza
el grupo de entidades federativas con mayor riesgo de afectar la sostenibilidad de
sus finanzas públicas en el largo plazo, debido al monto elevado de su deuda
pública y por la mayor dinámica de crecimiento del saldo de sus obligaciones
financieras.
La ASF expuso que “más del 50 por ciento de la contratación de obligaciones fue
para refinanciar la deuda existente”, lo que le permitió al gobierno “una mejora en
el perfil de los pagos, cambio en el esquema de las amortizaciones, mejores
plazos de vencimiento y periodos de gracia”. Empero, tuvo que “endeudarse más
para cumplir con los pagos de deuda contraída”, acota.
Por lo anterior, la ASF consideró que en los años subsecuentes “podrían limitarse
los recursos por financiamiento para inversión pública productiva”. Esto es, ya ni
siquiera habrá manera de pedir prestado para esas obras y servicios que ahora
sabemos por qué razón se han dejado de hacer en el estado.
Contratar deuda para pagar deuda es una mala práctica que refleja el desorden
administrativo de un gobierno. Y no solo eso. Termina pasando de ser una bola de
nieve a un alud que acaba por arrasar con la economía de los estados en los que
se ha optado por ello. Como Veracruz.
Esto y la “licuadora” eran las “estrategias” favoritas de Javier Duarte para
aparentar que todo estaba bien, que había recursos y liquidez en Veracruz, hasta
que fue insostenible. Quienes lo vivimos, recordamos el final de su sexenio con
pavor.
Pero lo “mejor” de todo es que el informe de la ASF corresponde hasta lo
ejecutado en 2020. Falta lo que se contrató en 2021 y lo que ya están pidiendo en
este 2022, en el que el Congreso de Veracruz –donde opera un mafioso que a
duras penas sabrá sumar y restar- le aprobó un techo de deuda al gobierno de
Cuitláhuac García por ¡ocho mil 145 millones de pesos solo para este ejercicio
fiscal! Y de los cuales, ya pidieron mil 800 millones nomás empezando el año.
Esa receta maldita ya nos la aplicaron a los veracruzanos. Y sabemos bien cómo
termina.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
